Si bien existen estándares internacionales, la mayoría de las jurisdicciones apenas ha comenzado a implementarlos y hacerlos cumplir.

Si bien existen estándares internacionales de regulación y supervisión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT) para criptoactivos, la mayoría de las jurisdicciones apenas ha comenzado a implementarlos y hacerlos cumplir, por lo que es importante actuar en esta materia, señala un estudio del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés).

El documento “Supervisión de criptoactivos para la lucha contra el lavado de dinero”, elaborado por el Instituto de Estabilidad Financiera del BIS, destaca que aunque ciertos criptoactivos tienen el potencial de hacer que los pagos y las transferencias sean más eficientes, algunas de sus características pueden aumentar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En particular, precisa, la velocidad de las transacciones, el alcance global, el potencial de actividad anónima y de que las transacciones se realicen sin intermediarios financieros, hacen que los criptoactivos sean vulnerables al uso indebido.

“De hecho la escala del uso ilícito de criptoactivos ya es significativa, lo que destaca la importancia de la regulación y la supervisión PLD-FT, así como la aplicación de la ley en esta área”, destaca.

Menciona que una firma del sector privado estima que en el 2019, alrededor del 1.1% de todas las transacciones en criptomonedas, fueron ilícitas. “Estas cifras subrayan la escala y la urgencia de la amenaza de LD-FT de los criptoactivos y la importancia de una regulación y supervisión efectivas”.

GAFI actuación rápida, pero falta

El estudio resalta que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha actuado rápidamente con miras a prevenir el uso indebido de criptoactivos para LD-FT, pero considera que la efectividad de los estándares internacionales depende de la implementación efectiva por parte de las autoridades nacionales; además de que la supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, sigue siendo incipiente a nivel mundial.

“En todos los países encuestados para este estudio hay una variedad de etapas de desarrollo. Algunos países aún no finalizan sus regulaciones y un pequeño número realiza una supervisión más activa como la realización de exámenes y la adopción de medidas de cumplimiento. En la mayoría de los casos, sin embargo, la implementación efectiva sigue siendo un trabajo en progreso”, puntualiza.

Señala que a medida que las jurisdicciones finalizan la regulación, la pregunta clave sigue siendo quién y qué actividades caen dentro del perímetro regulatorio. “A pesar de esta heterogeneidad, las autoridades coinciden en gran medida en la aplicación del principio básico de mismo negocio, mismos riesgos, mismas reglas”.

Refiere que para las lagunas en la regulación, la implementación de estándares internacionales, en particular los emitidos por el GAFI, debe proporcionar una base sólida para el cumplimiento y la orientación efectivos en la materia.

El documento del BIS señala que si bien queda mucho trabajo por implementar, la mayoría de las jurisdicciones han realizado o están en proceso de realizar una evaluación de riesgo adicional en materia de PLD.

Tecnología y cooperación internacional

El estudio considera que existe la oportunidad de adoptar nuevos enfoques que aprovechen la naturaleza intrínsecamente rica en datos del sector de los criptoactivos.

“Los nuevos métodos de supervisión y las aplicaciones suptech podrían ayudar a lograr este equilibrio y maximizar sus recursos. Eso debería permitirles hacer un uso más intensivo de datos y herramientas tecnológicas como el análisis de blockchain para mejorar la efectividad de sus marcos de supervisión”.

Finalmente, enfatiza que la cooperación internacional para supervisar este sector de manera efectiva es clave, ya que también la naturaleza transfronteriza de los criptoactivos, así como la implementación global desigual de los estándares internacionales en esta área, hacen que sea un componente crítico para una supervisión eficaz.

Fuente: El Economista